Investigan en Águilas a un pescador por seguir faenando pese a tener prohibido pescar por sentencia judicial
La Guardia Civil detectó al investigado realizando labores de retirada de una red moruna desde una embarcación profesional, a pesar de estar inhabilitado para ejercer la actividad pesquera.
La Guardia Civil de la Región de Murcia ha investigado a un vecino de Águilas como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, tras sorprenderlo participando en tareas de pesca profesional cuando tenía en vigor una sentencia judicial que le prohibía ejercer la profesión y el derecho a pescar.
La actuación se enmarca en la operación 'Poseidón', desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) dentro del Plan Anual de Control e Inspección de Actividades Pesqueras (PACIAP), en colaboración con el Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma.
Detectado durante una inspección en el puerto
La investigación comenzó el pasado mes de junio, cuando los agentes observaron al ahora investigado embarcado y participando en actividades propias de la pesca profesional en el puerto pesquero de Águilas.
Tras comprobar su identidad, los guardias civiles verificaron que sobre él pesaba una sentencia firme que le imponía una pena de inhabilitación especial para profesión u oficio y para el ejercicio del derecho a pescar, por lo que establecieron un dispositivo específico de vigilancia.
Realizaba labores con una red moruna
Durante el operativo, los agentes localizaron una red moruna, un arte tradicional autorizado en la Región de Murcia, y sorprendieron al investigado realizando trabajos subacuáticos con equipos de buceo para retirar y desmontar esta instalación pesquera.
Además, comprobaron que parte de la red ya había sido embarcada y que en la embarcación había ejemplares de distintas especies marinas capturadas.
La investigación también permitió constatar que el sospechoso había sido trasladado hasta la zona de pesca desde el puerto de Águilas y que no figuraba oficialmente enrolado entre la tripulación del barco inspeccionado.
Acusado de quebrantar una condena judicial
Con todos los indicios recopilados, la Guardia Civil instruyó diligencias contra el investigado como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, al considerar que incumplió la inhabilitación impuesta por resolución judicial firme.
Los investigadores sostienen además que el hombre participaba de forma continuada en actividades relacionadas con la pesca profesional pese a la prohibición vigente.
Posibles consecuencias
El delito de quebrantamiento de condena está recogido en el artículo 468 del Código Penal, que contempla penas para quienes incumplen las prohibiciones impuestas por sentencia firme.
A ello se suman las posibles sanciones administrativas previstas por la normativa pesquera, que pueden oscilar desde 301 euros hasta más de 300.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción, así como otras responsabilidades penales derivadas del ejercicio ilegal de la actividad pesquera.
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